¿Ladrillos o cimientos? Preguntas y respuestas sobre la nueva gran crisis

La dureza de la crisis es evidente con el aumento del paro y las amenazas de despidos que afectan a tanta gente. Pero menos evidente son sus causas reales y las perspectivas de futuro. Luke Stobart contesta, a través del análisis marxista, a algunas preguntas importantes sobre la actual situación económica.

¿Cuál es el alcance de la actual crisis económica? Aún tomando en cuenta la recuperación parcial de la economía mundial en los últimos meses, el actual desplome es el más grande desde los años 30 (o 40 en el caso del Estado español.) En EEUU, el país con la economía más “avanzada” de la historia, el paro afecta ya a una de cada diez personas, tras la pérdida de más de seis millones de empleos en un año. En el Estado español, el Producto Interior Bruto (PIB) –el indicador utilizado normalmente para medir la salud de una economía– ha caído un 4,1% en la primera mitad de este año, después de crecer 3-4% anualmente durante una década.

Pero los mejores indicadores de la profundidad de la crisis son la duplicación de la tasa de paro a más de cuatro millones, el desplome en la construcción de casas (de 700.000 al año en 2007 a menos de 100.000 este año), la caída de producción industrial (de más de 19% en los primeros nueve meses de 2009) y la multiplicación por cinco de la deuda pública. Esta realidad contrasta de forma dramática con la primera mitad de la década, cuando en el Estado español –tanto trabajadores como capitalistas– hicieron el 39% de todas las compras en la eurozona. ¿Alguien recuerda ahora el “milagro español”?

¿Y qué hay de los “brotes verdes”?

En los últimos meses, algunas de las principales economías mundiales han comenzado a expandirse de nuevo, impulsadas por grandes intervenciones estatales. En especial, la economía china revirtió un colapso muy traumático –en el que decenas de millones de chinos perdieron el empleo– gracias a la realización de grandes inversiones públicas en infraestructuras. También los valores en las bolsas mundiales han remontado y algunos de los países más desarrollados están saliendo de la recesión.

No obstante, incluso economistas liberales han reconocido que los llamados “brotes verdes” no son lo que parecen. Primero, no ha habido un aumento de inversión en la industria, lo cual sugiere que las inversiones vuelven a ser especulativas, igual que antes de la crisis. Segundo, buena parte del nuevo “crecimiento” en realidad se sustenta en empresas que han vuelto a producir después de suspender operaciones en el punto álgido de la crisis el año pasado, cuando prefirieron vender sus existencias. Así, este “aumento” de producción es en gran parte ilusorio. Finalmente, los rescates estatales han supuesto sustituir la histórica deuda empresarial por una histórica deuda pública, y ahora los gobiernos están sumamente preocupados por reducir este déficit. En consecuencia, un sector importante de la clase dirigente mundial defiende acabar con las políticas intervencionistas. Y el sector que quiere mantenerlas, por miedo a hundir nuevamente la economía, busca reducir la deuda bajando los salarios públicos y el gasto social. Esta “solución” sólo puede agravar más la crisis, al deprimir el consumo de los trabajadores.

¿Fue la crisis subprime la causa del desplome en el Estado español?

Con toda seguridad, el parálisis financiero mundial fruto del contagio de la crisis en el sector subprime (de hipotecas de alto riesgo en los EEUU) fue uno de los detonantes de la crisis económica en el Estado español. Las dos crisis estallaron simultáneamente, en parte porque el sistema bancario dejó de prestar dinero, y con ello paralizaron los negocios y frenaron el consumo.

Pero también hubo otro desencadenante inmediato, y tal vez más crucial, de la recesión aquí. En los años previos al estallido de la crisis aparecieron muchas noticias en la prensa financiera internacional sobre una burbuja inmobiliaria en varios países desarrollados, entre ellos el Estado español. La revista The Economist describió esta “burbuja” como “la más grande de la historia”. En el caso del Estado español, sus dimensiones llegaron a ser desorbitadas, por varios motivos: la demanda de viviendas creada por la población extranjera (en especial europeos del norte, que compraron segundas residencias en la costa); las bajas tasas de interés en ese momento; y las leyes del suelo (o “leyes del todo urbanizable”) introducidas por el gobierno de Aznar. Dado que los precios crecían, tanto empresas como particulares decidieron invertir en el sector, esperando aumentar su riqueza, e impulsando así una espiral inflacionaria.

También hubo una explosión en la actividad constructora de autopistas, aeropuertos, etc., y en 2005 nada menos que siete de las once gestoras de infraestructuras más grandes del mundo eran españolas. Este dato —igual que el que dice que uno de cada cinco trabajadores trabajaba en la construcción— expresa nítidamente las sobredimensiones del sector de la construcción. La actividad constructora frenética, que vio crecer el suelo urbanizado como una mancha de aceite en sitios como Madrid, Valencia, Murcia y Navarra, tuvo algunos impactos muy negativos: sobre el medio ambiente (especialmente en las regiones costeras); la corrupción municipal (por los grandes sobornos que se pudieron recibir por recalificar el suelo;) y sobre los jóvenes, que generalmente necesitaban dos sueldos para poder comprar una casa, y que muchas veces no pudieron independizarse –lo cual motivó importantes movilizaciones sociales en algunas ciudades.

Por otro lado, la burbuja inmobiliaria dio un impulso al resto de la economía, pues la escalada de precios inmobiliarios significó que los que habían invertido en la vivienda podrían esperar vender su propiedad por mucho más dinero en el futuro. La sensación de riqueza que experimentaron (o “efecto riqueza”), junto a una mayor disponibilidad del crédito gracias a un sector financiero expandido, animó el consumo de otros productos, a pesar del estancamiento de los salarios durante los últimos años. En resumen: se creó una “espiral positiva” donde la burbuja actuó de “efecto arrastre”.

Pero hubo dos grandes problemas. Primero, el endeudamiento de las familias creció masivamente, pasando rápidamente a representar el 130% del PIB. Naturalmente llegó un momento en que las personas no podían endeudarse más, y en consecuencia centenares de miles de familias perdieron sus casas. Segundo, los grandes beneficios obtenidos del “ladrillo” animaron un frenesí de construcción que llegó a su punto álgido justo antes de la crisis, llevando a una enorme sobreproducción de casas. Ahora quedan 600.000 viviendas sin vender y 700.000 trabajadores de la construcción han perdido el empleo en un año.

Las clases política y empresarial eran conscientes de estos problemas, pero no hicieron ningún intento serio de atajarlos. No fue un simple descuido, tal y como intentan hacernos creer ahora. Su inacción respondió en parte a lo que ocurría en los cimientos de la economía.

¿Crisis financiera neoliberal o crisis del capitalismo?

Es común encontrar, incluso en la izquierda, el diagnóstico de que la crisis mundial es el resultado de un desenfreno financiero, producto de las políticas neoliberales, que alimentó la burbuja inmobiliaria y que extendió sus defectos a todo el sistema capitalista. La solución ofrecida, siguiendo la lógica de este análisis, es limitar o regular más el sistema financiero, por ejemplo controlando la proporción de capital que un banco presta en relación a sus depósitos –tal y como ha pasado en el Estado español desde el caso Banesto.

Hay algo de verdad en este diagnóstico: en los últimos años el peso del sector financiero en el sistema ha crecido muchísimo, creando distorsiones. Por ejemplo, dado que para las empresas ha crecido la importancia de sus valores en bolsa, se premia más que las empresas produzcan buenos resultados a corto plazo, lo cual las anima a participar en proyectos de alto riesgo. El hecho de que el nivel de riesgo sea evaluado por agencias contratadas directamente por los inversores, y que por tanto prefieren dar “una buena noticia” a sus clientes, ha hecho, por ejemplo, que se haya concedido hipotecas a personas de bajos ingresos que nunca podrían pagarlas. La deuda de estos “préstamos tóxicos” se mezcló con la de inversiones normales, mezcladas y repaqueteadas como “derivados” u otros “nuevos instrumentos financieros”, que luego fueron vendidos a otros agentes. Más adelante se vio que se habían creado largas cadenas de deuda entremezclada donde no se sabía quién poseía deuda pagable y quién deuda impagable. Como resultado de todo esto, el sistema bancario sufrió un infarto, dejando de circular dinero.

Pero este tipo de transformaciones sólo explica algunos aspectos, los más superficiales, de la crisis. Por lo tanto, las soluciones ofrecidas son inadecuadas. Olvidan que el sector financiero y el sector productivo están íntimamente entremezclados. Muchas veces los bancos son accionistas de empresas productivas y también la industria y el sector de servicios tienen sus departamentos financieros –por ejemplo, algunas empresas de automóviles ganan más beneficios por invertir en la bolsa que por vender coches. Más importante aún: todas las ganancias especulativas dependen en último término de si se venden productos reales al final de la cadena. Esta cuestión es clave, porque hay índices claros de un estancamiento subyacente en el sector productivo durante las últimas décadas. Economistas marxistas como Robert Brenner, John Bellamy Foster, Fred Magdoff y el recientemente fallecido Chris Harman, identificaron mucho antes de la crisis que los beneficios obtenidos por cada inversión —lo que Marx llamó la tasa de ganancia, y el factor en que un capitalista decida o no invertir en producción en lugar de en ahorrar— se ha reducido progresivamente con los años, a pesar de que el valor absoluto de beneficios ha subido.

Hubo dos reacciones a esta situación por parte de los capitalistas. Por una parte, decidieron invertir una porción cada vez mayor de su capital en actividades especulativas. Por otra intentaron, con la ayuda de los gobiernos, compensar la pérdida de atractivo de las inversiones productivas por medio de reducir los salarios, aumentar la precariedad y hacer reestructuraciones (privatizaciones, deslocalizaciones, etc.). Así se pudo reestablecer, hasta un cierto grado y sólo temporalmente, la tasa de beneficios que hace rentable la inversión productiva. Pero, debido a la reducción de salarios (igual que hicieron con las prestaciones sociales que actúan como “salario indirecto” para los trabajadores) a favor de los beneficios, se creó una gran brecha entre la capacidad de consumo de la sociedad (determinado por el poder adquisitivo de la mayoría) y la capacidad productiva del sistema (que además avanza por mejoras tecnológicas en la producción). El crédito bancario, también expandido en los últimos años, pudo cubrir este hueco durante un tiempo, pero sólo mientras los trabajadores podían seguir endeudándose más.

¿Caían los beneficios en el Estado español?

No existen estudios recientes sobre la tasa de beneficios en el Estado español (que este autor haya podido encontrar, al menos). No obstante, una serie de estudios realizados entre 1989 y 2004, reproducidos por Sergio Cámara Izquierdo, encontraron que durante muchos años el reembolso que un capitalista recibe por cada inversión en la producción se había reducido proporcionalmente (ver gráfico)

En las últimas décadas, la tasa observada crece en momentos de expansión y cae coincidiendo con las recesiones (1981; 1992-3), pero en general se detiene su descenso desde principios de los ochenta. Una explicación obvia es que este periodo corresponde con la “reestructuración” y “modernización” de la economía bajo Felipe González, que se hicieron a expensas de la clase trabajadora. Como resultado de las medidas, se privatizaron casi todas las empresas públicas, se introdujeron las Empresas de Trabajo Temporal (ETTs) y se precarizó masivamente el empleo, empeorándose así las condiciones laborales aquí mucho más que en otros países. Curiosamente, la precarización laboral en el resto de Europa ha sido mucho menor de lo que se podría pensar, y en Grecia, donde el movimiento sindical nunca sufrió una gran derrota como en el caso del Estado español, la proporción de contratos temporales (con respecto a los contratos totales) se ha reducido.

Como resultado de la ofensiva exitosa mencionada arriba, en la forma de sucesivas “reformas laborales”, las condiciones laborales se han deteriorado (a pesar del boom de la última década), en especial para colectivos como los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes. El otro lado de la moneda es la clase dirigente, cuyos beneficios crecieron un 73% (comparado con una media del 33% en la UE-15.) Como resultado, el Estado español representa un caso aún más dramático de lo normal del desfase entre la capacidad productiva y la capacidad de consumo de la población.

La inseguridad en el empleo también ha sido un factor importante en la pérdida enorme de trabajos desde el principio de la crisis, pues es más fácil echar a la calle a alguien que no tenga contrato fijo.

Otro estudio por Joaquín Arriola encontró que una caída en la tasa de beneficios del sector no financiero hasta 2002 había llevado a un descenso progresivo en la inversión, la cual bajó un 6,4% en ese último año. Otra muestra de la debilidad de “la economía real” fue que durante el boom se importaba muchísimo más de lo que se exportaba, con una diferencia que llegó a representar el equivalente del 10% de toda la producción o PIB. Por esta razón, ya en 2005 el economista madrileño Pedro Montes previó “una crisis profunda de la economía española.”

¿Hasta cuándo va a durar la crisis?

Además de los límites a la recuperación mundial ya mencionados, la economía del Estado español tiene problemas propios que complican su avance. Primero, durante cada uno de los últimos siete meses los precios han sido menores que en los meses correspondientes del año pasado, lo cual ha despertado el fantasma de la deflación. Las ventas de diversos bienes (incluyendo la vivienda) han bajado y esto, por un lado, anima a que la gente espere antes de comprar más productos; por otro, hace que los productores de estos bienes intenten comprar materiales, componentes o servicios más baratos, ayudando así a bajar los precios en el resto del sistema. El efecto es una espiral deflacionaria, muy peligrosa, ya que aumenta el valor real de una deuda pública ya inflada. La prensa burguesa ha alertado sobre esta posibilidad. Por ejemplo, The New York Times escribió: “economistas temen que España pueda estar en las garras de la deflación, un sello distintivo de la Gran Depresión y el Japón de la década perdida de los 90”.

El segundo problema tiene que ver con el sector financiero del Estado español, que por lo visto evitó lo peor del tsunami financiero mundial. Por un lado, los bancos ya son los propietarios de muchas inmobiliarias no deseadsa (gracias al sistema por el cual se intercambian deudas hipotecarias por inmobiliarias); y por otro, muchas instituciones financieras (especialmente las cajas de ahorros regionales) han hecho préstamos no recuperables al sector de la vivienda. Hasta ahora Caja de Castilla ha sido “nacionalizada”, y se prevé que habrá más en los próximos meses. Moody’s, la agencia de calificación crediticia (empresa que mide la “salud” de los negocios) calcula que los bancos del Estapd español esconden pérdidas de entre 108.000 y 225.000 millones de euros.

Estos factores juntos hacen que hasta los más optimistas prevean más dificultades aquí, y no es casualidad que el FMI crea que el Estado español será el último estado grande en salir de la recesión.

¿Qué solución hay?

Una respuesta tradicional ante una recesión grande es devaluar la moneda (es decir, reducir su valor real por medio de imprimir más billetes), haciendo que los productos sean más baratos y “competitivos”. No obstante, con la entrada del euro esta opción no existe, pues el valor del euro normalmente responde a los intereses de las potencias centrales de la UE, en especial Alemania. Ahora que las economías alemana y francesa están saliendo de la recesión, es muy poco probable que se produzca una devaluación. Tampoco se pueden esperar más fondos europeos, ya que últimamente han entrado muchos países en la UE con economías más débiles que la del Estado español, mientras el presupuesto para las ayudas a los países más pobres ha sido recortado.

Otra solución burguesa tradicional a la crisis es aumentar la productividad introduciendo nueva tecnología a la producción. No obstante, con la excepción de la industria automovilística, los sectores pujantes de la economía en estos últimos años se caracterizan por utilizar poca tecnología (es el caso, por ejemplo, de la construcción y la hostelería), y no se beneficiarían de los cambios. La única alternativa, de la que Zapatero siempre habla, sería crear o potenciar más sectores económicos nuevos, pero, tal y como indica la economista Miren Etxezarreta, es muy difícil que se cambie radicalmente el modelo económico de un país —al menos bajo el sistema de mercado.

Los empresarios y la derecha se han unido, como siempre, bajo la bandera de una nueva reforma laboral. Una vez más quieren atacar nuestras condiciones laborales (y debilitar la seguridad social bajando sus cuotas), esta vez utilizando el pretexto de una crisis que crearon ellos. Hasta el momento, el gobierno del PSOE ha preferido evitar una ofensiva frontal contra la clase trabajadora, aunque presiona a favor de “la paz social” (es decir, contra la lucha sindical), ha realizado recortes sociales y ha regalado un fondo de 200.000 millones de euros a los bancos y las cajas de ahorro. El PSOE todavía recuerda que fueron las movilizaciones, incluyendo la huelga general de 2002 y especialmente las protestas antiguerra antes y después del atentado de Madrid, las que acabaron con su antecesor, y por tanto evita grandes confrontaciones —por el momento. Pero sus “soluciones alternativas”, como la risible devolución de 400 euros del IRPF, las muy tímidas subidas de impuestos y los proyectos de obras públicas limitados hacen que el gobierno parezca cada día más inútil. Y los demás partidos de izquierda grandes tampoco ofrecen nada realmente mejor. Esta situación abre la puerta a la derecha y a sus “soluciones”, y no se debería descartar la vuelta de ésta al gobierno si la crisis se profundiza. Sin embargo, también representa una oportunidad para la izquierda radical.

La ideología neoliberal, tanto del PP como del PSOE, ha estado muy dañada por la crisis. Se ha visto que el laissez faire del mercado no arregla sus propios problemas, y el mito de la globalización feliz está cayendo a pedazos. Todo esto, unido a la gravedad extrema de la crisis, debería hacer unir a los distintos sectores de la izquierda antineoliberal. Se están tomando pasos en esta dirección, por ejemplo los que surgen de las experiencias de Iniciativa Internacionalista e Izquierda Anticapitalista en las últimas elecciones europeas. Una nueva izquierda en el Estado español podría hacerse eco de las reivindicaciones concretas que propone el sindicato co.bas para combatir la crisis (ver caja). Pero igual de importante es impulsar las luchas sindicales contra los efectos de la crisis e intentar que éstas se generalicen. Estamos en un período probablemente largo de crisis económica y agitación política. ¿Quién acabará pagando los platos rotos: nosotros o la clase dirigente? Debemos asegurarnos de que sean ellos; los mismos que son responsables de esta nueva crisis.

Este artículo está dedicado a Chris Harman (1942-2009), pues no hubiera sido posible sin sus ideas. Gracias camarada, por esto y por muchas cosas más.