Gobierno de España, filial de Repsol

Por Fran Casanga. Las declaraciones de los representantes del gobierno español frente a la expropiación del 51% de YPF en Argentina son buena muestra de un sistema político que ha dejado de lado el pacto social “en defensa de sus ciudadanos” por uno basado en “la defensa de su clientela”, es decir, de aquellos que financian este entramado pseudodemocrático capitalista. El catálogo de amenazas vertidas desde el gobierno español hacia Argentina, más allá del común tono colonialista de los gobiernos del “norte” al referirse a los del “sur”, es una evidencia clara de quién controla los hilos de la política económica mundial, por si alguien tenía dudas.

El historial de Repsol en América Latina es tremendo. Violación de los derechos humanos, violencia sistemática a las poblaciones indígenas, fraude fiscal, contaminación y destrucción de la biodiversidad, desregulación de los convenios laborales, etc., etc.¹. Se tiene que tener una cara muy dura o ser muy lacayo de estos monstruos multinacionales como para acusar al gobierno argentino de “decisión arbitraria”, y me temo que estas dos características tienen plena cabida en el gobierno del PP. El proyecto de Cristina Fernández declara de interés público el “autoabastecimiento de hidrocarburos” así como las tareas de explotación, industrialización, transporte y comercialización, todo para garantizar de esta manera “el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo y el incremento de la competitividad de las provincias y regiones”. Según el ejecutivo argentino, el modelo elegido no es de “estatización”, sino de “recuperación de la soberanía” ya que se sigue conservando la forma de sociedad anónima según la Ley de sociedades comerciales. Del total expropiado, el 51% quedará en poder del Estado nacional y el restante 49% será de las provincias correspondientes. La falaz acusación de “discriminación hacia empresas españolas” además de desconocer que la expropiación “por causa de utilidad pública” está inscrita en el artículo 14 de la Carta magna argentina, en términos estrictamente financieros, olvida intencionadamente que sólo el 57% de YPF pertenece a Repsol y ésta, a su vez, en más del 50% pertenece a capital extranjero. ¿Repsol, empresa española?, ¡venga ya! Como si el Capital tuviera nación.

Por lo tanto, la pregunta más importante es la que se interroga sobre el futuro de la expropiación. ¿Esta medida les dará más poder o mejorará las condiciones a los trabajadores de la industria petrolífera y minera? ¿Es el proyecto de recuperación de soberanía un principio de un posible camino hacia otro modelo económico? Cuando Venezuela nacionalizó parte del sector de los hidrocarburos (un 60%), tanto Conoco como Exxon Mobil después de poner el grito en el cielo exigieron enormes indemnizaciones tal como exige ahora Repsol. Esa recuperación de sus recursos sirvió de mucho a la hora de batallar contra la extorsión de los capitales nacionales y extranjeros y tener un radio algo más amplio de acción para desarrollar sus propias políticas. Algo parecido ocurrió en Bolivia. En el caso de Argentina, está claro que la decisión de expropiar responde a una necesidad concreta del momento y no tanto a un principio socialista de la economía como nos gustaría pensar. Pero, de momento, la medida de recuperación de la soberanía podemos verla como un paso positivo para equilibrar la correlación de fuerzas y pone sobre la mesa una opción política válida para ponerle freno a la voracidad de los “mercados”. Lamentablemente, en Europa, algo así no sólo brilla por su ausencia sino que además se le condena como si de un pecado capital se tratara. Y es que lo es para la fundamentalista ortodoxia neoliberal que impone a base de decretazos y balas de goma su mandato.

Notas

1. Se puede echar un vistazo largo de las prácticas de las multinacionales en América Latina en la web del Observatori del Deute de la Globalització (ODG): www.odg.cat

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