Agenda anticapitalista

Un bienio negro de gobierno del PP

02/12/2013

Javier Casado

2-3_Rajoy BSe han cumplido dos años desde la vuelta del PP al gobierno. Dos años en los cuales la situación del Estado español ha seguido la línea marcada por la crisis económica, desde su aparición en septiembre del 2007. Esto se traduce en un empobrecimiento de las clases populares y en la mejoría de las clases altas, acentuando así la polarización de la sociedad.

En líneas generales las propuestas anunciadas por el nuevo Gobierno, que supuestamente derivarían en la mejora y salida de la crisis, se han visto eclipsadas por la realidad. El aumento del paro, los desahucios, la disminución de las condiciones laborales o el aumento de la represión a los movimientos sociales, ilustran la realidad del Estado, opuesta totalmente a las promesas electorales.

Uno de los aspectos más controvertidos y que más ha empeorado la situación de la población ha sido la Reforma Laboral realizada en febrero del 2012. Esta fue anunciada por el Gobierno en su momento bajo las promesas de “facilitar la contratación, potenciar los contratos indefinidos frente a los temporales y tratar de evitar el despido como recurso ante la crisis económica por parte de las empresas”. Finalmente ha desembocado en la destrucción de empleo, la precarización de las condiciones laborales, la inestabilidad de los puestos de trabajo y la pérdida paulatina de nivel adquisitivo de la clase asalariada.

Esta reforma ha beneficiado a las grandes empresas, las cuales se han visto recompensadas con una mayor facilidad en el despido de sus trabajadores. Esto se ha traducido en un aumento del número de Expedientes de Regulación de Empleo (EREs), un 56,3% más en 2012, afectando a 451.893 personas en total, y en un aumento de la conflictividad laboral y sindical. A lo largo de 2012 y 2013 han tenido lugar gran cantidad de luchas obreras, con algunos resultados positivos, como el caso de HP, batallada por el sindicato CGT o más actualmente la de los trabajadores y trabajadoras de limpieza y jardinería de Madrid, que han conseguido tras una huelga indefinida de diez días paralizar el ERE (aunque no el ERE temporal) al que iban a ser sometidos 1.134 personas.

Las políticas de precarización del empleo repercuten de manera directa en el agravamiento de la propia crisis, ya que acaba ocasionando un estancamiento de la economía al reducir la capacidad de consumo de la población, aparte de disminuirse los ingresos del estado derivados de los impuestos indirectos que gravan el consumo. A esto hay que añadirle la última subida de estos, buscando una mayor recaudación, que hizo aumentar el IVA de tipo general del 18% al 21%, el reducido del 8% al 10% y el del sector cultural del 8% al 21%. Esta táctica ha fallado ya que no ha logrado recaudar las cifras que se marcaban como objetivo, aparte de haber afectado de manera muy negativa al sector cultural. Estas subidas deberían centrarse, en vez de los impuestos indirectos, en los impuestos directos, como el impuesto de sociedades.

Deuda impagable

Otra de las líneas políticas recorridas tanto por el anterior gobierno como por el nuevo, son las referidas a los recortes sociales y a la privatización de servicios públicos. Estos vienen justificados por el alto nivel de deuda que posee el Estado español y los intereses que esta genera, acrecentada tras los diversos rescates que se han realizado desde la Troika. Sobre la imposibilidad del pago de la deuda nos advierte el economista Ivan Gordillo del Seminario de Economía Crítica Taifa “[la deuda] es impagable por el enorme volumen que tiene: hasta cuatro veces lo que se produce, en el caso de la economía española (400% del PIB), una deuda totalmente hipertrofiada financieramente”. Los ejemplos que nos brinda la historia nos dicen que los recortes sociales solo ahondan la situación de crisis.

El mantra neoliberal que habla de reducir el déficit a cualquier precio ha originado una reforma de la intocable Constitución española (conjuntamente con el PSOE) del artículo 135, el cual sobrepone el pago de la deuda al pago de los servicios públicos. Con ello se ha destinado grandes cantidades de dinero público al rescate de la banca y al pago de la deuda pública (la cual este año puede ascender hasta el 94% del PIB). Por ello se han visto drásticamente recortados los presupuestos que el Estado destinaba a sanidad (-30% desde 2012), educación (-25%) y cultura (-35%).

La respuesta por parte de la clase trabajadora ha sido la de organizarse a través de las mareas, defendiendo el sector público realizando huelgas u ocupaciones de los centros de trabajo en señal de protesta y resistencia. Esto genera además la conexión con las diferentes luchas y como destaca Miguel Sanz, miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras: “la interrelación entre activistas sociales, sindicalistas, 15M y las mareas está llevando a un sostenimiento creciente y a una radicalización de estas luchas”.

Conservadurismo

Uno de los ministros más criticados por la agresividad de sus políticas ha sido el ministro Gallardón, siendo de especial relevancia su actuación en torno a la reforma de la Ley del aborto. Esta busca restringir aún más los derechos sexuales, reproductivos y el papel de la mujer en el escenario social, siguiendo la línea del PP, tratando de volver a las políticas restrictivas de los años 80.

La última reforma era la del 2010, la cual permitía la interrupción del embarazo si se cumplían los siguientes requisitos: que se realizará dentro de las primeras catorce semanas de gestación, que pusiera en riesgo la salud o la vida de la embarazada, que existiera el riesgo de graves anomalías en el feto o que el feto presentará anomalías incompatibles con la vida. Uno de los nuevos aspectos de la nueva ley sería que la malformación del feto no fuera considerada como un supuesto que permita el aborto legal.

Este tipo de medidas implicaría, como explican las activistas Silvia Alberich y María Rodó en su artículo “La revolució será feminista o no será” incluido en el libro Perspectives, “un retroceso que empujaría a muchas mujeres a volver a las prácticas abortivas clandestinas” y el acceso quedaría más restringido a quien dispusiera de dinero como para encontrar medidas seguras para realizar el aborto.

Otra reforma enfocada a la opresión de género y sexual es la relativa a la Ley de reproducción asistida. Con este nuevo enfoque las mujeres solteras o las parejas lesbianas quedarían fuera de estas ayudas públicas. Es una ley que ataca directamente la libertad sexual de la mujer, remarcando así la ideología heteronormativa, impulsada desde el Gobierno.

Tras estos dos años del PP queda mayor constancia del giro hacia la derecha al que pretenden orientar al Estado español. Las políticas practicadas se distancian de la supuesta intención de buscar una salida a la crisis. Estas acaban centralizando el poder, concentrando el capital en manos de las élites oligárquicas y ejerciendo opresión sobre la clase obrera, la mujer (a través de la ideología heteropatriarcal) y los movimientos sociales e independentistas.

 

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