Agenda anticapitalista

Las diferencias entre ellos y nosotros, una cuestión de clase

09/10/2011

Las promesas electorales de una mayor fiscalidad para los ricos ha originado muchas críticas sin fundamento, esquivando preguntas más importantes, como ¿Quiénes lo son? ¿Cómo lo han conseguido? ¿Por qué son ricos? Por Luis Zhu.

El pasado 22 de septiembre, el Parlamento aprobó la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio, que servirá para recaudar unos 1.080 millones de euros según el Gobierno. Pero el debate sobre el tributo ha servido ya para algo más, para poner la lupa sobre los más ricos. En tiempos de crisis y recortes, cuando la mayor parte de la población pasa dificultades, la gente observa con estupor las grandes fortunas de unos pocos.

En el Estado español, el número de millonarios, personas que cuentan con un patrimonio superior al millón de dólares (unos 700.000 euros) sin contar la primera vivienda, ascendía en 2009 a unos 143.000 (0,3% de la población), según un estudio de la consultora Merrill&Capgemini. De entre ellos, 1.618 tenían un patrimonio superior a los 10 millones de euros en 2007, última vez que se cobró el Impuesto sobre el Patrimonio. El más rico de estos ricos es Amancio Ortega, que tiene una fortuna estimada en 22.290 millones, la séptima del mundo según la revista Forbes.

A pesar del colapso del sector inmobiliario y las turbulencias en la banca, algunos de los más acaudalados españoles pertenecen precisamente a estos dos sectores que nos hundieron en la crisis. Carlos Jove (Fadesa), Alicia y Esther Koplowitz (FCC), Florentino Pérez (ACS) y Emilio Botín (Santander) han aumentado sus enormes fortunas gracias al ladrillo y a las hipotecas. La crisis no les ha pasado factura, no como a todos los y las trabajadoras que se han quedado sin trabajo o las familias que se han quedado en la calle por no poder pagar la hipoteca.

Más ricos

El Estado español también está en el top ten mundial de los países con más ricos, en noveno puesto según la consultora Deloitte, mientras que está a la cola de la UE en gasto social. Si sumáramos sólo las fortunas de las diez personas más ricas del país (ver gráfica) tendríamos una montaña de 40.500 millones de euros. Con menos del 10% de esta inmensa fortuna se podría haber suplido los 1.000 millones del recorte en la sanidad pública catalana y los 2.000 millones de euros menos que ha recibido la educación pública en todo el Estado.

La hipótesis no es banal. En los últimos doce años la presión fiscal sobre los más ricos se ha rebajado en más de diez puntos. Si en 1999 los más ricos pagaban a través del IRPF un 41%, hoy en día pagan tan sólo el 30%. La misma tendencia ha experimentado el Impuesto sobre Sociedades, que ha pasado de gravar de media en 2004 un 32,3% a un 27% debido a las deducciones y bonificaciones. Los millonarios no sólo han pagado cada vez menos impuesto, en muchas ocasiones directamente no pagaban. Es el caso de la familia Botín, que tenía escondidos durante años unos 2.000 millones de euros en Suiza, hasta que una filtración los puso al descubierto. Y Botín no es el único. José María Molinero, del Sindicato de Técnicos de Hacienda, explica que “la evasión fiscal supone anualmente en España unos 88.000 millones de euros” y que “el 80% del fraude corresponde a las grandes fortunas y las grandes corporaciones”.

Vidas diferentes

La vida de estos plutócratas nada tiene que ver con la de la mayoría de la población. Según un estudio de 2010 del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el Estado español una persona ingresa de media algo más de 9.600 euros al año. El mismo estudio explica que el 20,8% de la población dispone de menos del 60% de estos 9.600 euros, es decir, viven por debajo del umbral de la pobreza. Además, un 30,4% de los hogares “pasan dificultades o muchas dificultades” para llegar a fin de mes. Estos datos sitúan al Estado español en el séptimo puesto de la UE de países con mayor índice de pobreza.

A pesar del contraste de la riqueza de unos pocos y la pobreza de mucha gente, la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio ha levantado muchas críticas entre los empresarios y sus afines. El Gobierno ha reformado el tributo de forma que sólo aquellos que tengan un patrimonio superior a los 700.000 euros tendrán que contribuir. Aún así, el economista neoliberal Xavier Sala i Martín explicaba en TV3 (la televisión pública de Catalunya) que muchos jubilados que habían estado ahorrado toda su vida tendrían que pagar este impuesto. Si tenemos en cuenta que el INE cifra en alrededor de 9.600 los ingresos anuales medios, las cifras no cuadran para la mayor parte de la población. Sala i Martín se referiría seguramente a los “pobres” ejecutivos jubilados del IBEX-35. Otro ejemplo lo tenemos en el vicepresidente de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), Arturo Fernández, que afirmó a TVE que “la clase media española tiene más de 700.000 euros”. Entonces la clase media la forma solo el 0,3% de la población, o simplemente Fernández salía en defensa de los más ricos del país.

El Impuesto sobre el Patrimonio gravará sobre los ricos, pero eso no significa que vaya a solucionar los problemas de las clases populares. La recaudación de este impuesto debería de utilizarse para financiar los servicios públicos, cosa que es improbable que suceda con o sin la victoria del PP. Actualmente, la prioridad del sistema es pagar la deuda pública e inyectar liquidez a los bancos, como prueban los 2.800 millones de euros que facilitaron a la CAM o el anuncio de cinco grandes bancos centrales (el europeo, el británico, el suizo, el norteamericano y el japonés) de que financiaran cualquier banco en apuros hasta final de año. Además, los impuestos claves son el IRPF y el Impuesto de Sociedades, cuyos tipos no han hecho más que bajar tanto con el PP como con el PSOE.

Sea de quien sea el Gobierno, aunque el PSOE es más sensible a la presión popular, la clave está en la movilización y la organización. Los tipos impositivos altos que había en Europa y EEUU tras la II Guerra Mundial no sólo se debieron a una fase expansiva del capitalismo, sino también porque el movimiento obrero aún tenía mucha fuerza en las calles, en los puestos de trabajo e, incluso, en las instituciones.

Aunque el objetivo de una política fiscal más redistributiva sea una medida reformista, se trataría sin embargo de una forma de romper con la dinámica neoliberal en la que estamos hundidos y beneficiaría a amplias capas de la población. Esto sería un gran avance, ya que ayudaría a eliminar diferencias entre ricos y pobres, pero no solucionaría una cuestión de fondo.

Y es que no es casualidad que los más ricos del planeta son empresarios. Vivimos en un mundo en el que trabajo humano es lo único que produce riqueza. Sin embargo, la mayor parte de esta riqueza no se la quedan los y las trabajadoras, sino los propietarios de las empresas, es decir, los capitalistas. Si queremos que dejen de existir ricos y pobres, debemos acabar con esta relación en la que la mayoría trabaja para enriquecer a una minoría.

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