Agenda anticapitalista

La Reforma de la Negociación Colectiva: un nuevo ataque del PSOE a la clase trabajadora

04/07/2011

Por Ana villaverde. A pesar de la oposición de los sindicatos mayoritario y del rechazo popular que se ha materializado de forma masiva en las calles por el movimiento 15M, el Gobierno aprobó hace un mes dos medidas que vienen a culminar una reforma laboral claramente regresiva: la reforma de la negociación colectiva y la modificación del marco para los expedientes de regulación de empleo.

Mediante la reforma de la negociación colectiva, se introducen una serie de medidas que claramente pretenden mermar la capacidad de los trabajadores y trabajadoras para defender sus condiciones laborales, beneficiando a la patronal. Los convenios de empresa pasarán a ser de carácter prioritario sobre los convenios sectoriales en cuestiones tan importantes como los salarios, el horario, la movilidad de puestos de trabajo o la conciliación. En segundo lugar, se acaba con la ultraactividad de los convenios, la cual establece la vigencia del convenio anterior hasta que se acuerde uno nuevo y se acotan los plazos de negociación. Si en el periodo fijado (de 8 a 14 meses, en función del convenio) no se ha logrado un acuerdo entre empresario y trabajadores, en lugar de iniciarse un conflicto laboral, se impone un arbitraje obligatorio que decidirá sobre los puntos en los que no haya acuerdo. Además, todas estas medidas no se complementan con un avance en las condiciones de participación de los representantes sindicales en las empresas, que es donde a partir de ahora se van a definir las relaciones laborales, sino que en su lugar se establecen comisiones paritarias que controlarán todo el proceso de negociación, estando éstas por encima de los comités y delegados de empresa.

De esta forma, al dar prioridad al ámbito de la empresa sobre el sector en los convenios sin establecer nuevos mecanismos para mejorar la capacidad de negociación de los trabajadores en el primero, la reforma otorga un mayor margen de actuación para que los empresarios puedan definir las condiciones laborales de forma “acorde a sus necesidades” y debilita seriamente nuestra capacidad de negociación como trabajadores y trabajadoras.

En tercer lugar, se obliga a que las empresas introduzcan medidas de flexibilidad interna para mejorar la competitividad, recogiendo una medida concreta que establece que las empresas puedan distribuir de forma “irregular” (léase, como quieran) el 5% de las horas de trabajo de los empleados y empleadas.

Además de estas reformas en la negociación colectiva, el Gobierno ha decidido dar un paso a atrás en la regulación de los Expediente de Regulación del Empleo (ERE). Inicialmente, en la reforma laboral se establecía que se podía despedir a los trabajadores mediante un ERE siempre que la empresa fuese capaz de demostrar pérdidas estructurales. Ahora, mediante la aprobación de un nuevo decreto, únicamente es necesario demostrar pérdidas de carácter coyuntural, facilitando el despido todavía más.

Con estas medidas, el Gobierno no hace si no profundizar en la línea de recorte de derechos que se había iniciado con la reforma laboral y una vez más, queda evidenciado su progresivo alineamiento del lado de la patronal y sus representantes en la CEOE.

Pero el movimiento 15M ha conseguido que el panorama político cambie de forma radical y puede ser la clave que impida que este robo de derechos les salga gratis a sus promotores. En función de cómo evolucione el movimiento, éste puede incidir decisivamente y coordinarse con las bases de los sindicatos mayoritarios para ser capaces de presionar a las cúpulas de los sindicatos mayoritarios hacia la convocatoria de otra huelga general.

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