Agenda anticapitalista

Desmontando a Rosell: mitos y leyendas sobre el sector público

04/02/2012

Regina Martínez rebate en este artículo los principales mitos sobre las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector público, a la vez que señala los intereses económicos tras estas falsas creencias.

“Persona o cosa a la que se atribuye una realidad de la que carece”. Esta acepción de la palabra mito encaja perfectamente con la imagen que difunde la patronal, los gobiernos y los medios de comunicación de masas sobre los trabajadores y trabajadoras del sector público. Cada vez que se plantea un tijeretazo en sus condiciones o se convocan movilizaciones, en artículos, noticias y declaraciones nos dicen que hay demasiadas personas funcionarias, que trabajan de por vida o que no dan palo al agua. Joan Rosell, presidente de la patronal española CEOE, pedía el pasado diciembre que se pueda despedir a las y los funcionarios, calificados por él mismo anteriormente como “prepotentes e incumplidores”.

Dicen que han de sacrificarse, aceptar Expediente de Regulación de Empleo y recortes sin rechistar, y dejar paso a la gestión privada de los servicios públicos, mucho más competitiva, según ellos. Y así caen dos pájaros de un tiro. Dividen a la clase trabajadora y allanan el camino a la privatización. Desmitificar estas falsas creencias es crucial para promover la solidaridad y defender los servicios públicos, punta de lanza de los recortes. Aquí analizamos cinco de estos mitos.

Solidaridad

La apología de la privatización es el camino más corto para la pérdida de derechos básicos de la gran mayoría de la población, ese 99% que tendrá que vender un riñón para operarse del otro, con miniempleos para minividas como Rosell pretende. Si hoy son los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos quienes están en el punto de mira de la clase dirigente, en la diana estamos todas.

Ni la austeridad ni los recortes están provocando una mejora para la clase trabajadora, y de hecho hemos visto que la destrucción de lo público ha ido acompañada de un traspaso millonario a bancos y cajas. Además, el 71% del fraude en el Estado Español lo realizan las grandes fortunas, las grandes empresas y los bancos.

Es esencial combatir ideológicamente las falsas creencias que nos dividen, y en la calle dar toda nuestra solidaridad y apoyo a las que luchan y trabajan en el corazón de nuestros derechos sociales.

Mito 1. Hay demasiadas trabajadoras públicas

Se dice que la administración pública está sobredimensionada y por ello hay que facilitar el despido. Sin embargo, la realidad es que el Estado español está a la cola en empleo público. Mientras que aquí el porcentaje de trabajadores y trabajadoras del sector es del 13% (en Catalunya, donde se están aplicando los recortes más duros, apenas llega al 8%) en otros países de la UE-15 es bastante mayor (en Dinamarca el 26%, en Suecia un 22%). Por tanto, no solamente no es un sector sobredimensionado sino que está por debajo de la media europea, que se sitúa en el 16% de la población activa.

Mito 2. Cobran mucho

Se habla de salarios astronómicos, cuando un empleado con 20 años de antigüedad cobra una media de 1.500 euros mensuales, ninguna panacea, y eso antes de los recortes salariales. 300 directivos de TMB (Transporte Metropolitano de Barcelona) cobran 27 millones de euros al año (un 7% de los directivos se embolsa casi el 15% de la masa salarial de la compañía, con 8.000 trabajadoras). Los ex ministros mantienen durante dos años una pensión por cese de 58.000 euros anuales, cifra seis veces superior a la pensión media en el Estado español. Cuando los que obtienen beneficios millonarios a costa de nuestro trabajo hablan de suprimir privilegios se refieren a que nuestros derechos son una barrera para sus intereses.

Mito 3. Tienen el puesto asegurado

No todos los trabajadores y trabajadoras del sector público son funcionarios. De hecho, según CCOO, solo el 28% tiene contrato funcionarial, y en realidad la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras son interinas, personal laboral y eventual. Por tanto, la mayoría no tiene un puesto inamovible y la temporalidad crece a un ritmo vertiginoso. Los recortes en las condiciones laborales del sector público están agravando escandalosamente esta situación.

Mito 4. Tienen demasiados “privilegios”

Afirman que se trata de un sector que goza de privilegios desmesurados. Se dice que tienen muchas vacaciones, cuando la mayoría tiene 22 días hábiles, como la gran parte de las que trabajamos por cuenta ajena, llegando a 26 como máximo. Se les acusa también de absentismo constante —aunque los datos muestran que es similar al sector privado— utilizando este argumento para justificar recortes (en la Comunidad de Madrid una enfermera de baja durante 15 días perderá unos 500 euros). Este tópico, por otro lado, tiene un componente ideológico importante, ya que da a entender que las condiciones laborales son privilegios, cuando se trata de derechos.

Mito 5. Se trabaja poco y mal

Dicen que la falta de presión por el despido hace que en el sector público se rinda menos que en el privado. Ya hemos visto que no todos tienen un puesto inamovible y tampoco hay datos que muestren que el absentismo sea mayor. El fantasma del despido genera estrés e insatisfacción y, lo que más les interesa, aumenta la explotación. Consiguen que se acepten peores condiciones por el miedo a quedarse sin trabajo.

Mientras mantienen que se ha de velar por un trabajo de calidad en el que se eviten abusos, acaban regulando los servicios públicos según la dinámica de los beneficios. El resultado es la supresión de prestaciones fundamentales, como el cierre de centros sanitarios en Catalunya, la corta vida del servicio a mujeres maltratadas en Castilla la Mancha o los 450 colegios al filo del abismo en el País Valencià. Cuando los opinólogos neoliberales hablan de adelgazar el sector público están planteando el desastre a nivel social, pero también ambiental: como indicaba Torrecillas, profesor de ESADE, una de las formas de aminorar la administración sería con la supresión de leyes de regulación ambiental (veda que la Llei Ómnibus de Catalunya ya ha abierto).

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