Agenda anticapitalista

Los últimos días de la transición

01/05/2013

Pau Alarcón analiza la historia reciente del sistema político del Estado español, que está padeciendo una crisis de legitimidad a causa de la recesión económica, los recortes y los numerosos casos de corrupción.

Según la versión oficial, la voluntad democrática del Rey, materializada gracias a Adolfo Suárez, sería la gran responsable de una transición pacífica y ejemplar. La virtud de los líderes de partidos de izquierda y sindicatos mayoritarios estribaría en su cautelosa prudencia ante la amenaza del sector duro del franquismo. Los principales actores de la Transición responderían así a las demandas de una población que exigiría moderación, tal y como demostrarían las urnas con el triunfo de las opciones centristas. El gran vencedor de la Transición sería finalmente un amplísimo consenso que se proyectaría tanto en el plano político como en el económico.

Sin embargo, los hechos y las dinámicas que operaron en la época final del franquismo en realidad apuntan hacia causas más profundas para explicar la Transición, en lugar de confiar en las buenas intenciones de quienes previamente juraron su lealtad al dictador Franco.

Dinámicas antifranquistas

La mayor parte de la postguerra estuvo marcada por una débil o inexistente oposición a la dictadura, fruto de la eliminación física de partidos, sindicalistas y militantes de izquierda tras la guerra civil. Pero a partir de los años 50 comenzó un lento proceso de incremento de luchas, sobre todo en los principales centros urbanos.

El movimiento obrero constituyó la espina dorsal de la oposición al régimen, en un marco donde las más tímidas reivindicaciones laborales suponían casi automáticamente poner en cuestión al sistema autoritario en su conjunto. Ante la existencia de un único sindicato vertical ligado al régimen, clase trabajadora empezó a construir comisiones obreras para organizar su lucha de forma democrática. Estos órganos de base se extendieron y consolidaron durante los años 60.

El aumento de las luchas y del tejido asociativo fue consolidando una creciente oposición a la dictadura en la primera mitad de los años 70. La politización de las protestas puede comprobarse en el aumento de las huelgas de solidaridad con otras luchas, que pasó de un 4% en el período 1967-69 a un 44% en 1969-71. Los elevados niveles de lucha mostraron repetidas veces la capacidad para sobrepasar la represión del régimen. De este modo se alcanzó el índice de huelgas más alto de Europa entre 1975 y 1976, precisamente donde éstas estaban prohibidas y reprimidas.

Así, la Transición no se puede entender sin contar con los elevados niveles de oposición al régimen. A las luchas obreras hay que sumar el desarrollo de un gran tejido social y cultural antifranquista, visualizado por ejemplo en los fuertes movimientos vecinal y estudiantil, así como la existencia de organizaciones revolucionarias como la LCR o el MC, que tenían una afiliación considerable.

Además, el régimen autoritario no sólo se iba doblegando ante las presiones internas. Los líderes franquistas promovieron la Transición en un contexto internacional cargado de lecciones desde finales de los 60 hasta mediados de los 70. El Mayo del 68 que despertó en Francia puso en jaque el status quo en toda Europa; en EEUU se extendían las luchas por los derechos civiles y contra el racismo; la guerra de Vietnam despertó la resistencia tanto de vietnamitas como de un movimiento antiguerra internacional; en Chile el ascenso de Salvador Allende lo hacía de la mano de un proceso revolucionario, sin olvidar la lucha por la igualdad de derechos en Irlanda del Norte o la Primavera de Praga. Con una significación muy especial para el franquismo, las dictaduras militares cayeron en Grecia y en Portugal ante las presiones populares.

Transición sin ruptura

Ante una crisis interna agudizada desde 1974 y las advertencias que mostraba el panorama internacional, desde el seno del aparato franquista se decidió diseñar un proceso de transición.

Desde la propia legalidad franquista, bajo el lema “de la ley a la ley”, se inició un proceso de reforma que garantizase el mantenimiento de pilares básicos del régimen encarnados en la Corona. Se evitaba así el advenimiento de una ruptura democrática y la consiguiente apertura de un proceso constituyente para decidir la forma de Estado, de gobierno y de representación mediante la participación democrática.

En lugar de esto, el gobierno y la Corona se impusieron como poderes constituyentes. En un principio lideraron la reforma Arias Navarro, jefe del gobierno tras la muerte de Franco, y Manuel Fraga. Sin embargo, la oposición en las calles, forzó la despedida de Arias Navarro, incapaz de hacer reformas reales para desmovilizar las luchas. En ese momento aparece la figura de Adolfo Suárez, representante del sector más “aperturista” del franquismo, como líder de un proceso que requería y de hecho encontró la connivencia de los líderes de la oposición.

Los dirigentes de la izquierda, básicamente el PSOE y en especial los líderes del PCE debido a su enorme influencia dentro de los movimientos de base, jugaron un papel desastroso. En lugar de impulsar la enorme oposición al régimen existente en 1976, se decidió entrar en una dinámica de pactos secretos entre élites para diseñar la Transición al margen de la población, aceptando concesiones como la monarquía o la impunidad para los franquistas e impulsando un importante proceso de desmovilización social.

Desde el mismo aparato franquista se decidió celebrar unas elecciones generales en 1977, en lugar de convocar primero unas locales como sería más lógico, por miedo a repetir el escenario de 1931, cuando las elecciones municipales culminaron en la proclamación de la II República. En un marco de desmovilización social, apelación constante a la amenaza de golpe de estado y tardía legalización de las opciones más combativas pero sin la posibilidad de votar por las fuerzas políticas a la izquierda del PCE todavía ilegales, los partidos más centristas obtuvieron los mejores resultados. El continuismo que impregnó este proceso queda patente en el hecho de que 50 diputados electos ya habían formado parte de las Cortes franquistas y un tercio del total eran miembros del Opus Dei.

Tras las elecciones se continuó con esta dinámica del “consenso”, que no era otra cosa que una Transición impuesta al margen de la participación social, liderada por sectores procedentes del franquismo y disfrazada de democrática. De este modo, los Pactos de la Moncloa al final de 1977 supusieron la liquidación del modelo sindical democrático y de base que luchó contra el franquismo, exportando la lógica de los pactos institucionales desde arriba al marco laboral. Igualmente, la Constitución española la diseñaron esas mismas elites, sin abrir un debate real ni plantear posibles alternativas, dando lugar a un estado donde no existe una separación efectiva de poderes ni tampoco un control real del poder.

El legado del continuismo

La Transición no representa un hecho histórico aislado de la realidad política actual. Al contrario, muchos conflictos y problemas actuales se encuentran anclados en una transición carente de justicia y esencia democrática. El marco constitucional actual supone un blindaje ante cuestiones que deberían someterse a la voluntad popular, tales como la propia monarquía o el modelo de Estado, que niega hoy el derecho de autodeterminación.

El control ideológico y moral en la educación o la naturaleza cavernícola de la derecha también deberíamos enmarcarlos dentro de las carencias intrínsecas al continuismo impuesto en la Transición.

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