Agenda anticapitalista

Un retroceso para las mujeres y para toda la sociedad

20/12/2013

Adelina Cabrera

Aborto | Gallardón pretende volver a negar el derecho al propio cuerpo de todas las mujeres

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Avanzamos la publicación de este artículo que forma parte de la edición de enero del Periódico En lucha

En 2010, el gobierno de Zapatero aprobó la Ley sobre aborto y autodeterminación de la mujer más esperanzadora de la historia del Estado español desde la Segunda República. Todavía está vigente. Con ella se hacían cumplir los mandatos, en apariencia bienintencionados, pero siempre ignorados, de multitud de resoluciones, conferencias y convenciones de las Naciones Unidas, la UE o el Consejo de Europa. A pesar de no resolver las demandas históricas del movimiento feminista, fue una muestra de cómo la lucha de muchas mujeres hizo actuar el gobierno del PSOE.

El preámbulo de la ley de 2010 afirma la voluntad de construir un sistema jurídico que respete el derecho a la integridad física y al libre desarrollo de la personalidad de las mujeres y al mismo tiempo proteja la vida prenatal según los criterios científicos de viabilidad del feto. O sea, el punto de partida es el derecho de la mujer a decidir sobre su embarazo.

Con la ley actual cualquier mujer que quisiera abortar podría hacerlo sin restricciones si estuviera en las 14 primeras semanas de su embarazo. Sólo se ponen dos requisitos encaminados, dice la ley, a asegurar una decisión responsable de la mujer: que haya recibido información sobre derechos y medidas de ayuda a la maternidad y que confirme su decisión pasados tres días desde que recibió esa información. Si el estado del embarazo llega hasta la semana 22, la mujer también podría abortar en el caso de que exista riesgo grave para su salud o graves anomalías en el feto. Por último, sería legal abortar con independencia de la fase de la gestación cuando se detectan anomalías fetales incompatibles con la vida y así lo acredite un informe de un comité clínico.

La regulación se completaba con la pena de prisión de seis meses a un año para las mujeres que abortaran fuera de alguno de estos casos. Esta previsión es la excepción más grave de la normativa actual al derecho a la autodeterminación de las mujeres. Las penas para quien practica el aborto ilegal son más graves: llegan hasta los ocho años.

Ultraconservador

Gallardón ha anunciado una reforma de carácter ultraconservador, como no podía ser de otra manera. Aunque la redacción del anteproyecto de ley se fue aplazando, finalmente se ha presentado antes de acabar el año. En su comparecencia Gallardón ha dejado claro cómo cambiará la situación de las mujeres. Y es que el punto de partida volverá a ser la criminalización del aborto. La ley de 2010 que, con restricciones, establecía como presupuesto el derecho de las mujeres a decidir sobre su embarazo desaparecerá y no es sustituida por una declaración similar. El aborto sólo estará en el Código Penal.

El ministro de Justicia propone retroceder a una situación legal peor que la de antes de 2010, cuando sólo era legal abortar en tres casos: si iba a producirse un grave perjuicio psíquico o físico para la mujer, si el embarazo era fruto de una violación o si el feto padecía graves anomalías y se detectaban durante las 22 primeras semanas de gestación.

Gallardón ha afirmado reiteradamente que quiere modificar el supuesto de malformación del feto. Pretende prohibir la interrupción en los casos que se detecte “discapacidad”, según dijo. Así pasa el problema al bando médico: deberán definir bien qué es discapacidad. También añadirá la expresión “peligro cierto” al supuesto de grave peligro para la salud física o psicológica de la madre. Con ello quiere acallar las voces que acusaban esa previsión de ser un “colador de abortos”.

Se puede encontrar un aspecto positivo. Según dice el ministro no habrá pena de prisión para las mujeres que aborten. Si ocurre, hay que celebrarlo. Ahora bien, la justificación no es que las mujeres son capaces de tomar sus propias decisiones sobre sus vidas y cuerpos. La justificación es de lo más paternalista, muy en la línea ideológica del Gobierno: “La mujer no es culpable del aborto, sino víctima”.

Por supuesto, habrá casos en que así sea. Pero lo que Gallardón va a hacer no causará más que un retroceso en los derechos de las mujeres y, con ellos, los de toda la sociedad.

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