Agenda anticapitalista

¿Puede el Chavismo redimirse?

27/06/2016

Mike Gonzalez

mural-maduro

La prensa mundial, consciente de repente de que la crisis en Venezuela está profundizándose, se regocija con las penas de la Revolución Bolivariana. Sin embargo, sus informes muy raramente van más allá de las imágenes de la gente pobre buscando comida. Las fotos registran la seriedad de la situación, pero no captan su complejidad.

La crisis es económica y política y linda el enfrentamiento social. No solo está en juego el futuro económico de Venezuela, sino también el futuro de los movimientos de masas del país.

El impacto más claro de la crisis se ve en la falta de bienes y medicinas esenciales, que empeora en cuanto te alejas de Caracas. Las personas deseando comprar productos como café o arroz y papel higiénico o pañales comienzan a formar colas por la madrugada. Sin embargo, los estantes de los supermercados están casi vacíos; y no se pueden comprar drogas o medicinas esenciales.

El gobierno publica a menudo los precios oficiales de productos clave, pero es poco más que propaganda. A veces, se venden algunos productos a estos precios justos. Sin embargo, como todos los demás, luego se revenden en el mercado negro, o el bachaqueo, a hasta 100 veces más que el precio oficial. Ocasionalmente, el gobierno actúa contra la economía paralela, pero sus medidas quedan en gestos vacíos.

Existen ahora dos economías en Venezuela. En la economía oficial, basada en el bolívar, la cesta de bienes y servicios esenciales cuesta actualmente casi diez veces más del sueldo mínimo. El único sitio donde los venezolanos y venezolanas pueden multiplicar el valor de sus sueldos es en el mercado paralelo, en el que se estima que ahora opera el 50% de la clase trabajadora.

Los precios siguen subiendo. La tasa de inflación del año pasado corría oficialmente a 250%, pero en realidad era mucho más alta. Se proyecta que la tasa para 2016 podría llegar a 700% al final del año.

Desde luego, unos sectores de la población están protegidos de los peores efectos de este desastre económico. Los empleados/as militares y del gobierno cobran más y tienen acceso a supermercados especiales donde no falta nada. Hasta hace poco, el estado daba alguna protección a los barrios urbanos más pobres, la base tradicional de apoyo al chavismo, pero ahora este parche tampoco funciona.

Adyacente a la economía oficial, donde la gran mayoría del pueblo de Venezuela lucha por la supervivencia, existe la economía del dólar norteamericano. Las personas con acceso a moneda extranjera llenan los restaurantes caros de Caracas y conducen ostentosamente sus masivos todoterrenos por las ciudades. Para esta minoría, la crisis se reduce a una cuestión de mantener el orden y no de supervivencia.

Esta crisis y la creciente desigualdad que la acompaña son la consecuencia no solo de las fuerzas económicas globales, especialmente la caída en los precios del petróleo, sino también de los años de corrupción que comenzaron durante la presidencia de Hugo Chávez.

Juegos de Poder

En 2006, después de ganar las elecciones presidenciales con 63% del voto, Chávez anunció la fundación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), con el objetivo de organizar la transformación del país mediante nuevos programas sociales, la diversificación económica y la democracia popular. Sus promesas animaron a 6 millones de personas a afiliarse al partido en pocas semanas.

Sin embargo, desde casi el primer momento el PSUV era un instrumento de control desde arriba: la expresión política de un estado centralizado en vez de una expresión de democracia popular masiva. El resultado era que prosperó la misma corrupción que Chávez se había comprometido a eliminar.

Se ha escrito mucho sobre la corrupción, pero la avaricia y las oportunidades de sacar provecho de la escasez explican solo una parte. También tiene que existir una falta de supervisión popular de la actividad del gobierno. La concepción de Chávez del “socialismo del siglo XXI”, un proceso controlado desde abajo que obligaría a los líderes a rendir cuentas delante de su base social de masas, podría haber restringido la corrupción.

Pero este nivel de control popular nunca se desarrolló, lo que permitió que la corrupción continuara. Esta es la cuestión clave en la crisis política que ha llevado Venezuela al borde del colapso.

Los ingresos de la industria petrolera, que gozó de una década de precios muy altos, tanto pagaron los programas sociales que constituyeron el meollo del proyecto social de Chávez como permitieron la corrupción que hundiría este proyecto. Muchos proyectos importantes, como los ferrocarriles, las autopistas, las fábricas de aluminio y acero, quedan sin acabar, esperando las materias primas que faltan.

Los esfuerzos para diversificar la economía, como la refinería de azúcar de Barinas, fracasaron o nunca comenzaron, mientras las grandes inversiones del estado se esfumaron. Los proyectos sociales, como el nuevo sistema de salud Barrio Adentro, iban deteriorándose.

Todos los niveles de la burocracia chavista participaron en la especulación con divisas. Mediante una retahíla incomprensible de agencias con nombres raros, los solicitantes recibieron dólares a tasas especialmente bajas, supuestamente para importar medicinas y alimentación.

La mayor parte de los bienes no llegaron nunca o bien entraron en el mercado negro a precios hinchadísimos. Se podía comprar un dólar por diez bolívares y luego venderlo (o bienes de este valor) por 1.000.

En octubre de 2015, un grupo de chavistas disidentes publicaron una carta que denunciaba la corrupción que se extendía sin que nadie la controlara por las capas más altas del estado. Estimaron que un mínimo de 460 mil millones de dólares en beneficios de la venta del petróleo habían ‘desaparecido’ durante los años del boom.

Cualquiera que fuese la cifra precisa, los y las venezolanas tuvieron evidencias claras de que mucha gente dentro del gobierno del PSUV había blanqueado dinero y participado en una masiva fuga de capitales.

Las elecciones parlamentarias del diciembre pasado mostraron el descontento de las ciudadanas  de Venezuela. Hugo Chávez ganaba con regularidad alrededor del 60% del voto; su sucesor Nicolas Maduro ganó la presidencia con un poco más de 50% en 2013. Luego, en diciembre,  una coalición de partidos de derechas (MUD – la Mesa de la Unidad Democrática) logró una mayoría parlamentaria absoluta, con 66% del voto.

Estos resultados no señalan que el pueblo se ha derechizado, sino que el PSUV ha perdido apoyo dramáticamente. No ganó la derecha muchos votos más en diciembre (unos 300.000 más), sino el chavismo perdió alrededor de dos millones de votos a causa de las abstenciones y los papeles de votación estropeados. Era una señal clarísima para los herederos de Hugo Chávez—pero han ignorado el aviso.

Hoy día, el PSUV tiene una afiliación nominal de más o menos un millón de personas, de las que la mayoría son empleados o funcionarios estatales y líderes políticos locales. Es decir, el PSUV se ha convertido en un instrumento para mantener el poder político y repartir dinero e influencia. La crítica interna se aplasta inmediatamente y las expulsiones son frecuentes.

Irónicamente, la creación del PSUV abrió las puertas a una nueva burocracia estatal que abandonaría la democracia. El poder se mantiene ahora, especialmente bajo Maduro, por el clientilismo y la corrupción. La nueva clase dominante se aprovechó de una economía rica en petróleo para derrochar el dinero o trasladarlo a bancos en el extranjero. Ahora que ha colapsado el precio del petróleo, las arcas públicas han quedado vacías y el estado no tiene nada para ofrecer.

Punto de no retorno

Lo más chocante de la crisis actual es que ni las fuerzas de la derecha ni el gobierno proponen ninguna solución. Desde las elecciones de diciembre, la derecha ha presentado planes para privatizar las empresas estatales, para hacer retroceder los programas sociales del PSUV (como ya está haciendo Mauricio Macri en Argentina e igual a las propuestas de  Temer en Brasil) y para quitar a Maduro del poder para luego llevar adelante estos planes.

Hasta ahora se han enfocado en el referendo para destituir a Maduro y no han propuesto ningún programa económico coherente. Parece que quieren que la situación se deteriore hasta niveles inaguantables, aunque no, por supuesto, para las capas a las que representan.

En cambio, el estado chavista ha anunciado una serie de medidas, pero no es probable que solucionen la crisis, ya que solo son reflejos de la plataforma original de Chávez, pero distorsionados como imágenes vistas en los espejos de una feria. Nuevos programas con nuevos ministerios y nuevas vice-presidencias se dedican a crear una “economía productiva” aparte de la industria petrolera. Incluso se habla de crear una nueva industria turística. Sin embargo, sin los beneficios del petróleo, el estado está al borde de la quiebra (aunque todavía paga la deuda externa). En efecto, la economía productiva colapsó hace tiempo.

Maduro insta al pueblo venezolano a cultivar su propia verdura, pero no ha hecho nada para apoyar el sector agrícola que agoniza. No hay ningunos controles reales de cambio o precios, ni expropiaciones, ni intentos auténticos a abordar los problemas económicos de fondo.

Parece que la represión en auge del pueblo es el único planteamiento del gobierno que sí sabe cumplir. Los guardas nacionales vigilan los supermercados, pero están para controlar a las víctimas de la crisis y no para castigar a los que la han causado. (Y en muchos casos para participar ellos mismos en la corrupción y el robo)

La declaración reciente de parte de Maduro de un estado de excepción es una confesión que no ha podido responder efectivamente a la crisis, aunque puede haber también una motivación más cínica.

El estado de excepción suspende las garantías constitucionales, que puede incluir el derecho de la revocación de cargos elegidos. Mientras intenta parar la campaña de la derecha a echarle, Maduro traiciona uno de los compromisos democráticos centrales en el programa de Chávez.

Los y las defensoras del chavismo, especialmente en otros países, subrayan que nadie muere de hambre en la Venezuela de hoy. Sin embargo, plantear que este es algún tipo de logro en un país revolucionario con una economía rica en petróleo es extremadamente cínico. Independientemente de si hay gente muriendo de hambre o no, es cierto que la pobreza reducida sistemáticamente por Chávez está otra vez en aumento.

El gobierno alega que está enredado en una “guerra económica” y ha de movilizarse cara a una invasión inminente. Maduro compara la situación con la de Chile entre 1971 y 1973, dónde la derecha acaparaba bienes como parte de su acoso y derribo del gobierno de Salvador Allende.

No cabe duda de que los capitalistas venezolanas están acaparando bienes, que desaparecen y vuelven a aparecer sin ninguna explicación y con precios siempre en aumento. También es verdad que el capital sacado de Venezuela solo vuelve para nutrir la especulación y nunca en la forma de la inversión doméstica que falta tanto.

Ambos bandos de la división política han sacado provecho de la crisis. Mientras los políticos denuncian al otro bando, es más y más difícil diferenciarlos. Por ejemplo, uno de los vice-presidentes de Maduro por la economía, Pérez Abad, es un hombre de negocios que aboga por una economía de mercado.

La decisión más reciente del gobierno de Maduro constituye la traición final de las promesas de la Revolución Bolivariana. A mediados de mayo, firmó 150 concesiones a empresas extranjeras de petróleo y minería, todavía no especificadas, permitiendo la explotación de la riqueza mineral de la región amazónica de Venezuela, el “Arco Minero.”

El impacto de las operaciones mineras se ve a lo largo del cuenco del Amazonas: representan la contaminación del agua, la expulsión de los pueblos indígenas y la destrucción medioambiental sistemática y permanente. Es por estas razones que Chávez mismo rechazó el desarrollo de la región, dónde la minería se restringía a operaciones artesanales a pequeña escala. La decisión de Maduro es un catástrofe medioambiental y un desastre para los pueblos indígenas, que tienen sus derechos y territorios protegidos explícitamente bajo la Constitución Bolivariana. Las empresas mineras ya representan 14% de la economía mundial. Ahora se les invita a volver a un país que luchó para expulsarles hace una década.

La revolución sigue viva en las mentes y los corazones de centenares de miles de personas,  que vieron en el chavismo un compromiso profundo de cambio y justicia social, de redistribuir la riqueza y resistir los saqueos de la globalización neoliberal. Era esa la esperanza que inspiró Chávez y la promesa que traicionó Maduro.

¿Quién puede salvar Venezuela?

Pues, ¿por qué no se ha levantado el pueblo contra una crisis económica que machaca tan brutalmente a la gente pobre y la clase media-baja?  Cuando Venezuela se ha enfrentado en el pasado a exigencias similares de la economía global y sus instituciones, estallaron protestas masivas, como en el ‘Caracazo’ de 1989. La paz relativa no es porque las masas no sean conscientes de la extensión de la corrupción, la gerencia tan dañina de la economía o la militarización de la sociedad. El equilibrio catastrófico se mantiene todavía, aunque no se puede saber para cuánto tiempo, debido a la lealtad residual de las clases populares a la idea y al legado de la Revolución Bolivariana.

No hay lugar para la confusión sobre lo que desea y representa la derecha: la vuelta al peor del viejo orden. Sin embargo, el PSUV y el estado chavista han desarmado y desmovilizado al movimiento de masas, la fuerza que derrotó el golpe fracasado de 2002 contra Chávez y la huelga patronal que lo siguió.

En 2002 el pueblo era el sujeto de su propia historia, pero hoy manda una clase burocrática cínica y corrupta, ahora entrelazada con sectores militares, que aprovechan sus cargos en beneficio propio y a expensas de la revolución venezolana.

El futuro comenzará cuando aquel movimiento de masas, que se formó tan rápidamente en el pasado, otra vez más ocupe el escenario de la historia. Cuando surja de nuevo, abordará las lecciones de estos años, positivas y negativas, para ayudar a moldear la lucha que continúa contra el capital.

Mike Gonzalez es autor de Hugo Chávez: Socialist for the 21st Century Publicado originalmente en Jacobin.  Traducido por Mike Eaude

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