Agenda anticapitalista

La protesta por la educación pública en Palma no es un crimen

01/07/2014

Mireia Rubio

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El 22 de mayo de 2012, una cuarentena de personas, principalmente estudiantes pero también algunas docentes ocupamos pacíficamente la Consejería de Educación, Cultura y Universidades de las Illes Balears para clamar contra los ataques que recibe indiscriminadamente la educación pública.

La acción se enmarcó dentro de una jornada de huelga sectorial de educación convocada en todo el Estado en defensa de la educación pública. La decisión del lugar no fue arbitraria; la Consejería es donde se toman las decisiones en materia educativa y, por tanto, fue allí donde quisimos dirigir nuestra disconfromidad. La reducción en el presupuesto de educación, el incremento en el importe anual de las tasas universitarias, la introducción de limitación de plazas, el aumento de la ratio de alumnos por aula en las escuelas e institutos de secundaria, la reducción de las becas y la modificación de los requisitos para su obtención, la privatización de la educación, el aumento de las tarifas del transporte público, la represión contra la protesta estudiantil, la reducción del personal, la eliminación de servicios clave en el campus de la Universidad de las Illes Balears y los fuertes ataques a la lengua catalana, entre otros, fueron los motivos que nos impulsaron a mostrar nuestro desacuerdo con estas políticas educativas del Gobierno.

La respuesta represiva y autoritaria del Gobierno ante esta acción no se hizo esperar y, durante la misma semana, detuvieron arbitrariamente a cinco activistas que participaron en la protesta, con el fin de criminalizar las estudiantes ante toda la sociedad. En poco tiempo, nos empezaron a llegar multas. Las sanciones administrativas, que oscilaban entre 1.000 y 3.000 euros, fueron paralizadas temporalmente con la macro-imputación de las 44 activistas que participamos.

El tiempo ha ido pasando, se han ido produciendo declaraciones y avanzando con las diligencias judiciales. Los días 2, 3 y 4 de julio vamos a juicio. Mediante la Fiscalía, el Gobierno nos acusa de delitos de desórdenes y coacciones, y nos pide penas de prisión de entre 6 meses y 1 año y medio para cada una. Nos juzgan por defender una educación pública de calidad y en catalán. Una educación que debe estar al alcance de todas sin discriminación de ningún tipo. Este es un caso más de persecución política, un ejemplo más de cómo las retalllades en derechos sociales, económicos y culturales son indisociables de los recortes en derechos políticos y civiles, siendo la represión la única respuesta que da el gobierno al clamor popular. Los recortes, las privatizaciones y sus imposiciones solo son posibles gracias a un modelo de represión política a través de los instrumentos del Estado. Por ello, es central hacer explícita toda nuestra solidaridad con las personas represaliadas.

Ante esta represión enseguida nos organizamos para hacer frente a todo este proceso. Hicimos un llamamiento a la sociedad civil en su conjunto a sumar fuerzas y apoyar las encausadas con la recogida de firmas y con la campaña # JoTambéHiHauriaEntrat, buscando alianzas con toda la sociedad. Campaña que ha recibido apoyo de artistas, músicos, políticos, estudiantes, docentes, movimientos sociales, personas individuales e incluso el pleno del Ayuntamiento de Molins de Rei se aprobó por unanimidad una moción de apoyo a las encausadas.

Este es un juicio político, uno más de la ofensiva represiva contra los movimientos sociales que tanto se están produciendo durante los últimos años. Exigimos la absolución de las cuarenta y cuatro personas y denunciamos la maquinaria represiva del gobierno que no ha parado de criminalizar las protestas y abrir procesos judiciales y administrativos contra las que luchamos en defensa de los derechos básicos.

No tenemos miedo, seguiremos dando la cara, seguiremos luchando en las aulas, en la calle y donde haga falta para una educación pública, de calidad y en catalán.

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