Agenda anticapitalista

La crisis del Gobierno continúa: adiós a Ana Mato

15/12/2014

Jesús A. Castillo Gómez

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Y van dos. Poco tiempo después de la dimisión de Gallardón otra ministra de Rajoy sale del gobierno. No se van, los echamos. Es la rebelión de la gente ante la corrupción generalizada y la gestión política en contra del pueblo y a favor del gran capital la que les obliga a irse. A pesar de que la canalización de esa rebeldía a través del proyecto electoral de Podemos ha adormecido un tanto la expresión en la calle de las luchas sociales, estas siguen imparables en la situación de emergencia que vivimos. Bastaría una movilización masiva de las bases de Podemos, junto con los movimientos sociales y sindicatos, para que el desprestigiado gobierno de Rajoy se viera obligado a convocar elecciones anticipadas.

Ana Mato ha representado la peor versión de una política profesional. Licenciada en Ciencias Políticas y en Sociología por la Universidad Complutense ha pertenecido al aparato del Partido Popular desde que comenzó su carrera en 1983 en Alianza Popular, donde ya tuvo varios cargos en la Dirección hasta que en 1987 Aznar, elegido Presidente de la Junta de Castilla y León, la nombra asesora junto a su marido Jesús Sepúlveda. Desde entonces acaparó cargos dentro del partido y en la administración pública. Ha sido portavoz del grupo parlamentario en RTVE y de transportes y telecomunicaciones, diputada autonómica en la comunidad de Madrid, diputada nacional en el Congreso, miembro del comité ejecutivo nacional del PP, presidenta de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, coordinadora de Participación y Acción Sectorial del PP, Coordinadora de Organización, europarlamentaria por el Partido Popular y finalmente ministra desde el año 2011. Por alguna contribución tan desconocida como improbable al mundo de las comunicaciones recibió la medalla al Mérito de las Telecomunicaciones.

La absoluta falta de respeto a los ciudadanos por parte de esta genuina representante de la casta política se ha puesto de manifiesto en múltiples ocasiones como cuando, para desprestigiar a sus rivales políticos, afirmó que “los niños andaluces son prácticamente analfabetos” o, años después, “a los niños andaluces se les imparten las clases tirados por el suelo”.

La combinación de un marido alcalde en Pozuelo de Alarcón, donde la recalificación de terrenos y los consiguientes negocios inmobiliarios han posibilitado grandes fortunas, y los cargos dentro del partido, muy próximos a los cauces de la financiación del mismo, y en la administración, donde se establecen las políticas a favor de las grandes empresas, le ha dado un gran poder y la posibilidad de enriquecerse. Jesús Sepúlveda está acusado, entre otros delitos, de prevaricación y cohecho en el llamado caso Gurtel en el que se investiga la relación entre Francisco Correa, empresario vinculado al PP, y cargos públicos de este partido. La separación matrimonial, aunque ambos siguieron compartiendo cuenta bancaria, no ha impedido que el juez Ruz la considere “participe a titulo lucrativo” al constar en la investigación que ha disfrutado de numerosos regalos y viajes turísticos. La actual legislación acerca de la corrupción dentro de los partidos políticos necesita actualizarse pues para que exista prevaricación y cohecho hay que demostrar la relación entre lo recibido y decisiones administrativas concretas.

Es evidente que esto ocurre con frecuencia pero las grandes empresas financian a los partidos, y a muchos de sus dirigentes, para ser beneficiadas por su política a medio y largo plazo. Un ejemplo es lo ocurrido con la banca que ha condonado créditos de las campañas del PP y PSOE y ha sido saneada posteriormente con dinero público asumiendo el estado su deuda privada. Numerosas veces se pone de manifiesto como quienes trabajan en la financiación ilegal de los partidos se financian también a sí mismos, beneficiándose personalmente de esta corrupción, que es especialmente grave porque significa un auténtico fraude electoral al proporcionar abundantes recursos para el marketing electoral. La táctica defensiva utilizada ante las acusaciones de corrupción por una mujer con estudios, conocimientos legales y administrativos y poder político, es la misma que está utilizando la infanta Cristina: alegar ignorancia porque confiaba en su marido. Además de poco creíble este argumento se basa en una concepción patriarcal de la pareja en la que la mujer está subordinada, ignorante de las decisiones que solo toma el hombre, y es especialmente grave en quien está al frente de un ministerio que se llama de Sanidad, Servicios Sociales e IGUALDAD.

La última lamentable actuación de la ministra ha sido su gestión en la infección por el virus del Ebola en la que se ha puesto de manifiesto como se está desmontando el Hospital Carlos III, dentro del proceso de privatización que ha sido su principal objetivo al frente de la Sanidad Pública para convertir la salud de los ciudadanos en un negocio, su ignorancia sobre prevención sanitaria, porque un protocolo de seguridad debe contemplar los posibles fallos humanos y evitarlos, su absoluto desprecio a los profesionales y su falta de humanidad.

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