Agenda anticapitalista

Fiscalidad 2.0: que paguen los pobres

18/02/2014

Carlos López

Manifestación en València contra los recortes en las ayudas a personas con diversidad funcional

Manifestación en València contra los recortes en las ayudas a personas con diversidad funcional

Desde el 1 de enero, las personas con discapacidad del País Valencià deben afrontar el pago de precios públicos por servicios vitales para su vida diaria y su desarrollo personal que antes disfrutaban de forma gratuita. Esto se debe a la aprobación del Decreto 113/2013, de 2 de agosto que el Consejo aprobó en 2013. No hay duda de que este Decreto supone una medida gravemente perjudicial para las personas más vulnerables de nuestra sociedad. En algunos casos, la renta disponible restante del afectado después de cumplir con la exigencia del Consejo es de 16’50 euros mensuales. En situaciones similares a ésta se encuentran o se encontrarán miles de personas discapacitadas en Valencia.

Se trata de un ejemplo más del rumbo que sigue la configuración normativa en materia fiscal: no hacer caso del principio de progresividad. Este exigiría que la configuración de los impuestos se hiciera de manera que los más privilegiados económicamente aportaran más a la Hacienda Pública que aquellos o aquellas que tienen menos recursos. Se trata de una compensación de las desigualdades económicas existentes para intentar alcanzar cierto grado de justicia social a través de la configuración del sistema fiscal. Sin duda, una de las cosas más ideológicas con que cuenta un país es la ordenación de sus impuestos.

Por desgracia, en las últimas décadas asistimos a una modificación de la carga fiscal que ha ido y va destinada a dejar casi sin contenido la progresividad que debería respetar. La tendencia es aprobar o aumentar figuras fiscales que no tienen en cuenta la capacidad económica del obligado, como son los propios precios públicos, pero también tasas, impuestos indirectos o copagos. Por el contrario, otras opciones de recaudación siguen teniendo una posición privilegiada o directamente escapan del fisco. Las SICAV (sociedades de inversión de capital variable) siguen sin regularse como deberían, los rendimientos de capital mobiliario tributan aún hoy al 19 o 21%, independientemente de cuál sea el beneficio obtenido con ellos, la imaginativa contabilidad de las grandes empresas consigue que apenas estén obligadas a aportar un 8-10% de media en el Impuesto de Sociedades, cuando no se llevan parte o la totalidad de su actividad en países menos exigentes fiscalmente (damos las gracias a estos comprometidos patriotas), etc.

Así, servicios que antes disfrutábamos de forma gratuita o con un coste simbólico pasan a tener que sufragarse mediante las aportaciones de las personas que hacen uso de ellos. Con una “caja común” cada vez más hambrienta debido a la ausencia de aportación de los que más deberían contribuir, la forma de financiación preferida por nuestra Administración pasa a ser a que el “cliente” (ciudadano/a) pague el coste del servicio en el momento de recibirlo, como si de una empresa privada se tratara.

Sería conveniente poner la atención desde las fuerzas progresistas a recuperar o luchar por una fiscalidad más solidaria, que fuera la garantía de financiación de unos servicios públicos a los que todos y todas tuviéramos acceso, con independencia de nuestra renta. El camino que llevamos es el contrario, es el de una ciudadanía pobre que no va al médico o a la universidad porque no tiene recursos. El resultado es la restricción del acceso a determinados servicios esenciales a las familias de renta baja por no poder hacer frente al coste que supone el servicio con la forma de financiación que se está estableciendo para estos.

La recuperación de una financiación de los servicios públicos más progresiva y equitativa es uno de los grandes retos de la izquierda en las últimas dos décadas. Una batalla que estamos perdiendo, y en la que el neoliberalismo se alza triunfante, con las terribles consecuencias sociales que ello conlleva para la justicia social.

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