Agenda anticapitalista

El País Valencià marcha por la educación pública

28/03/2014

Adelina Cabrera

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María José Catalá Verdet, la Consellera d’Educació de la Generalitat Valenciana, ha acordado otro ataque a la educación pública. El 18 de febrero decidió la supresión de 146 unidades de segundo ciclo de educación infantil en todo el País Valencià. Meses antes pretendía cerrar un número aún mayor, pero la rápida y contundente reacción de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnas y otras organizaciones y sindicatos, han hecho que la Consellera diera un pequeño paso atrás.

En declaraciones públicas, Catalá defendía la decisión apelando a la bajada constante de la natalidad: “este curso el número de alumnos de 3 a 5 años en centros públicos ha disminuido en 6.000 respecto al año anterior, encadenando así varios años de descenso”. Aunque es cierto que la natalidad ha bajado, las plataformas en defensa de la educación pública ya existentes y las que se han creado desde la decisión de cierre de unidades, no se creen que esa sea la verdadera motivación de la medida. Denuncian que las plazas concertadas para el mismo nivel de educación han aumentado en 29 unidades.

La comunidad educativa ha reaccionado con una lucha política que se organiza cada vez mejor. El CEIP Ciutat de Cremona, de Alaquàs, fue el pionero. Su situación es peculiar, por extrema. La Conselleria ha ordenado el cierre de la única clase de 3 a 4 años que les queda, después de que el año pasado se suprimieran dos de esa misma edad. En la práctica, esta decisión supone bloquear la entrada natural de alumnado al centro y, por tanto, sentencia a muerte a un colegio que lleva en barracones desde que nació, en 2008.

El AMPA empezó hace 38 días un encierro indefinido que durará hasta que Catalá se retracte de la decisión. En el decálogo que han suscrito, los padres y madres declaran que “luchamos por una educación pública y de calidad, laica, inclusiva y en valenciano que garantice la igualdad de oportunidades para todos y todas”. También lucha para que se construya el colegio y se eliminen los barracones, tal como la Conselleria les prometió hace años.

Otro ejemplo de lucha es el CEIP Pare Català de Benimaclet. En este caso, la batalla se centra en la defensa del valenciano. Dos familias pidieron la conversión de una línea que se impartía en valenciano al castellano y el gobierno accedió, en contra de la voluntad mayoritaria de las familias de “21 niños y niñas que quieren estudiar en valenciano” y “tendrán que hacerlo obligatoriamente en castellano”.

La respuesta se extiende por toda la geografía valenciana. El lunes 24 de marzo empezaron los encierros en los colegios Bonavista y Martínez Valls, de Ontinyent, así como en el CEIP Ramiro Jover, de València. También en la comarca de la Marina Baixa hay centros en lucha. Todos se suman a la iniciativa que el Ciutat de Cremona inició hace más de un mes.

La lucha ha tomado además otras formas. Una de las sesions de la intifialla de este año se dedicó a la defensa de la educación pública. También se han organizado manifestaciones, charlas y coloquios para tratar la cuestión.

La próxima acción se producirá este sábado 29 a las 11 horas. Hay convocada una marcha contra el cierre de unidades y escuelas. Madres, padres, maestras y alumnos saldrán desde pueblos de los cuatro puntos cardinales y se reunirán en València para exigir a la Consellera d’Educació que la educación sea pública, de calidad y en valenciano.

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