Agenda anticapitalista

Decreto de colectivización: cuando la mayoría tomó el control

29/12/2014

Andy Durgan

donesalantbrabcn
En julio de 1936 la revolución social que surgió como repuesta a la sublevación militar desencadenó la experiencia de autogestión económica más importante de la historia: la colectivización de la industria, los servicios y la tierra. Mientras que la colectivización agraria se extendió más en otras tierras de la zona republicana (Aragón, València, Castilla…), el centro de la colectivización urbana fue Catalunya, sobre todo Barcelona donde el 80% de la industria y servicios estuvo bajo el control de la clase trabajadora.

La colectivización fue la respuesta, a menudo espontánea, de sectores de las masas urbanas y rurales al problema muy práctico de cómo mantener la producción y el cultivo. Sin dueños (huidos o eliminados), en la mayoría de los casos la decisión de colectivizar fue tomada por una asamblea de la plantilla o por el comité sindical de la empresa. Al principio la autogestión fue espontanea pero pronto los sindicatos, sobre todo la CNT, fueron sus impulsores.

Además de colectivizar la producción, se introdujeron una serie de medidas como la educación técnica, cursos de alfabetización y la provisión de guarderías (una medida especialmente importante dada la entrada masiva de las mujeres en los lugares del trabajo durante la guerra).

El poder en Catalunya después del 19 de julio de 1936 estuvo en manos de múltiples comités, formados por las organizaciones antifascistas; entre ellos el Comité Central de Milícies Antifeixistes de Catalunya (CCMA) que actuó como un gobierno paralelo a la Generalitat que siguió existiendo en la sombra. El gobierno catalán estableció el 11 de agosto el Consell de Economia de Catalunya (CEC) como primer paso para poner orden en la nueva economía colectivizada. Presentado como “un plan de transformación socialista”, el programa del CEC, escrito por el líder del POUM, Andreu Nin, tuvo como eje potenciar la colectivización de la industria y la agricultura.

Con el recrudecimiento de la guerra y la necesidad de estructurar el poder en la retaguardia la CNT aceptó la disolución del CCMA y la formación el 26 de septiembre de un nuevo Consell de la Generalitat con representación de todas las fuerzas antifascistas. El nuevo gobierno se dedicó a ‘legalizar’ las conquistas revolucionarias, aprobando, entre otras medidas, el Decreto de Colectivización y Control Obrero el 24 de octubre 1936; elaborado en base del programa del CEC. La CNT y el POUM defendieron que todas las empresas que tuvieran mas de 50 obreros y obreras el 30 de junio debían ser colectivizadas; la ERC y el PSUC las que tuvieran más de 250. A final el decreto se aplicó a las empresas con un mínimo de 100 personas empleadas.

Entre otras medidas, el Decreto, creaba Consejos Generales de Industria, que tenían como función formular los planes de trabajo de la respectiva industria, orientar a los Consejos de Empresa y ocuparse de las tareas de coordinación industrial. Además, se preveía la constitución de una Caja de Crédito Industrial y Comercial que tenía que recoger el 50% de los beneficios de las empresas colectivizadas, invertirlas de acuerdo a las orientaciones del CEC y de los Consejos Generales y facilitar créditos a las colectivizaciones que lo necesitasen. Hasta el final de la guerra hubo más de 8.000 colectivizaciones legalizadas por el Decreto, además de unas 4.500 empresas más con comités de control obrero.

Dada la situación de guerra, la experiencia de la colectivización en Catalunya fue desigual. Por ejemplo, el POUM criticaba duramente el llamado “capitalismo sindical” de algunas empresas colectivizadas que actuaron en competencia con las demás. Al mismo tiempo las colectivizaciones tuvieron a afrontar por un lado serios problemas creados por la situación bélica (falta de materias primas, boqueo del comercio…) y por el otro la creciente hostilidad de las autoridades republicanas comprometidas con el restablecimiento de la normalidad capitalista.

La ausencia de un nuevo estado revolucionario que pudiera haber controlado, entre otras cosas, las instituciones financieras y el comercio, contribuyó debilitar este gran experimento en autogestión y, en último término, significó la derrota de la revolución social.

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